Condenan a Óscar Izurieta por lavado de activos: Fiscalía de Los Lagos acreditó uso de fondos del Ejército

La Fiscalía Regional de Los Lagos obtuvo un veredicto condenatorio contra el excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, por dos delitos de lavado de activos relacionados con la utilización de recursos públicos provenientes de gastos reservados de la institución. La investigación permitió establecer que el exalto oficial utilizó parte de estos dineros para pagar un crédito hipotecario y realizó operaciones financieras y tributarias destinadas a ocultar su origen ilícito.

Según antecedentes publicados por Bío Bío Investiga, Izurieta recibió entre $61,2 y $78 millones provenientes de gastos reservados del Ejército entre 2010 y 2018, mediante pagos mensuales que llegaron hasta un millón de pesos. Parte de esos recursos fue utilizada para pagar 36 cuotas hipotecarias de un departamento en Las Condes, por aproximadamente $14,9 millones. Además, en 2019 rectificó seis declaraciones de renta, incorporando $51,2 millones sin especificar su procedencia, maniobra que, según la acusación, buscaba dar apariencia de legalidad a los fondos.

La investigación, iniciada en 2022, fue desarrollada por la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público en Los Lagos, con apoyo de las brigadas especializadas en Lavado de Activos y Delitos de Corrupción de la Policía de Investigaciones. Las diligencias permitieron acreditar mecanismos de ocultamiento que incluyeron la posterior transferencia del inmueble a un tercero y operaciones destinadas a incorporar recursos ilícitos al patrimonio personal del condenado.

Fiscalía pide ocho años

Tras el veredicto del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el fiscal Marco Muñoz Becker informó que el Ministerio Público solicitó una pena de ocho años de presidio, una multa de 500 UTM, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el comiso del inmueble, además de las ganancias obtenidas mediante su explotación, estimadas en $166 millones.

El persecutor destacó el trabajo desarrollado en esta investigación de alta complejidad, que permitió reunir los antecedentes necesarios para obtener la condena. Desde el organismo valoraron el resultado como un avance relevante en la persecución de delitos económicos vinculados al uso irregular de recursos públicos.

La sentencia definitiva será dada a conocer el próximo 27 de noviembre.